Según explicaron Ana Ruiz, Edurne Eguzkitze y Miren Aranguren, «la aprobación de la reforma de las pensiones supondrá un nuevo recorte que atacará directamente a los derechos de la clase trabajadora, pero tendrá una incidencia mayor para las mujeres». Por eso, esas organizaciones feministas concluyeron que, ante «la gravedad de la ofensiva nos adherimos a la huelga general».
A juicio de las organizaciones de mujeres, afirmaron que «detrás de la reforma hay una clara decisión política de desmantelar el modelo público de protección social, ya escaso, impuesto y con claros déficit». Porque esa reforma «profundizará en las desigualdades sociales, falta de derechos y afectará gravemente a las personas que sufren la precariedad laboral y la discriminación y de un modo especial a las mujeres. Todo para favorecer el negocio que con nuestras pensiones quiere hacer la banca».
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