El acuerdo sobre pensiones supone un recorte medio en torno al 20%, respecto de los derechos actuales. Es similar al previsto por el plan gubernamental aprobado hace un año. En la fase negociadora los sindicatos no han conseguido suavizar ese impacto global sino que los recortes se han reestructurado entre diferentes segmentos en una doble dirección: para una minoría la rebaja es menor, cercana al 7%, y para la gran mayoría es mayor, entre el 18% y el 26%.
Dada la diversidad de los recortes, los resultados respecto de las posiciones iniciales de Gobierno y sindicatos y la relevancia de los efectos sociopolíticos y sindicales de este acuerdo es preciso valorar con rigor su contenido y su significado.
Es reconocido por todas las partes que supone un recorte de las pensiones futuras respecto de los derechos actuales y que el objetivo es reducir 3 puntos del PIB el gasto en pensiones para el año 2027, en que culmina su aplicación progresiva: un 25% de los 12 puntos previstos del PIB para que se mantengan los 9 puntos actuales (o lo que es lo mismo, impedir el crecimiento de un tercio del gasto actual en pensiones públicas para mantener los mismos derechos). Las opiniones sobre la dimensión de ese recorte son divergentes, aunque lo dominante se sitúa en un 12% (como admite el diario El País). La valoración sobre lo que han cedido unos y otros también es polémica, aunque la idea principal es que el Gobierno ha impuesto un retroceso pero que los sindicatos han suavizado o frenado el plan del Gobierno, cosa incierta. En el plano sociopolítico el Gobierno sale reforzado, así como la continuidad de su política liberal de ajuste y austeridad. Esa interpretación es sesgada y embellece la reforma.
Dada la diversidad de los recortes, los resultados respecto de las posiciones iniciales de Gobierno y sindicatos y la relevancia de los efectos sociopolíticos y sindicales de este acuerdo es preciso valorar con rigor su contenido y su significado.
Es reconocido por todas las partes que supone un recorte de las pensiones futuras respecto de los derechos actuales y que el objetivo es reducir 3 puntos del PIB el gasto en pensiones para el año 2027, en que culmina su aplicación progresiva: un 25% de los 12 puntos previstos del PIB para que se mantengan los 9 puntos actuales (o lo que es lo mismo, impedir el crecimiento de un tercio del gasto actual en pensiones públicas para mantener los mismos derechos). Las opiniones sobre la dimensión de ese recorte son divergentes, aunque lo dominante se sitúa en un 12% (como admite el diario El País). La valoración sobre lo que han cedido unos y otros también es polémica, aunque la idea principal es que el Gobierno ha impuesto un retroceso pero que los sindicatos han suavizado o frenado el plan del Gobierno, cosa incierta. En el plano sociopolítico el Gobierno sale reforzado, así como la continuidad de su política liberal de ajuste y austeridad. Esa interpretación es sesgada y embellece la reforma.
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